Detención de Armando Castilla Galindo en el Aeropuerto de Monterrey
La mañana del viernes 9 de enero de 2026, Armando Castilla Galindo, director general de Grupo Vanguardia, medio de comunicación con sede en Saltillo, Coahuila, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León.
El operativo fue ejecutado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León con apoyo de la Guardia Nacional, alrededor de las 10:00 horas, cuando el directivo se disponía a abordar un vuelo con fines vacacionales. Según la versión oficial de la Fiscalía, la aprehensión ocurrió en la vía pública de la carretera Miguel Alemán, en Apodaca; sin embargo, el medio afectado sostiene que la detención se realizó dentro de las instalaciones aeroportuarias, en las inmediaciones del filtro de seguridad previo a la sala de última espera, lo que ha generado controversia sobre la veracidad del relato institucional.
El motivo de la detención se relaciona con una carpeta de investigación por presunto fraude, derivado de una denuncia que involucra la supuesta venta irregular de un terreno valuado en alrededor de 3 millones de pesos. La Fiscalía de Nuevo León indicó que el imputado celebró un contrato con la parte afectada, pero el inmueble no figuraba a su nombre.
Grupo Vanguardia ha calificado el caso como una fabricación artificial, argumentando que el conflicto tiene origen en una disputa mercantil vinculada a un bien inmueble familiar en Saltillo, Coahuila, que ha sido convertido indebidamente en materia penal. El medio denuncia que no ha recibido notificaciones previas claras ni acceso inmediato a la carpeta de investigación, y que el procedimiento evidencia un uso desproporcionado de recursos públicos, especialmente al movilizar a la Guardia Nacional para un asunto que, según su versión, debería resolverse en la esfera civil y no en el ámbito penal.
La acción ha sido calificada como arbitraria e ilegal por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que exigió la liberación inmediata de Castilla Galindo y llamó al respeto pleno de las garantías legales y la libertad de prensa. El episodio se inscribe en un contexto de denuncias reiteradas por parte de Grupo Vanguardia sobre acoso judicial sistemático contra su director y la empresa editorial en los últimos años, lo que ha sido interpretado por el medio como una respuesta a su línea informativa crítica.
El caso pone en evidencia las tensiones entre el ejercicio periodístico independiente y los mecanismos de procuración de justicia en entidades del norte del país, en un entorno nacional marcado por altos índices de violencia e impunidad en delitos de alto impacto.[10 de enero de 2026]
El operativo fue ejecutado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León con apoyo de la Guardia Nacional, alrededor de las 10:00 horas, cuando el directivo se disponía a abordar un vuelo con fines vacacionales. Según la versión oficial de la Fiscalía, la aprehensión ocurrió en la vía pública de la carretera Miguel Alemán, en Apodaca; sin embargo, el medio afectado sostiene que la detención se realizó dentro de las instalaciones aeroportuarias, en las inmediaciones del filtro de seguridad previo a la sala de última espera, lo que ha generado controversia sobre la veracidad del relato institucional.
El motivo de la detención se relaciona con una carpeta de investigación por presunto fraude, derivado de una denuncia que involucra la supuesta venta irregular de un terreno valuado en alrededor de 3 millones de pesos. La Fiscalía de Nuevo León indicó que el imputado celebró un contrato con la parte afectada, pero el inmueble no figuraba a su nombre.
Grupo Vanguardia ha calificado el caso como una fabricación artificial, argumentando que el conflicto tiene origen en una disputa mercantil vinculada a un bien inmueble familiar en Saltillo, Coahuila, que ha sido convertido indebidamente en materia penal. El medio denuncia que no ha recibido notificaciones previas claras ni acceso inmediato a la carpeta de investigación, y que el procedimiento evidencia un uso desproporcionado de recursos públicos, especialmente al movilizar a la Guardia Nacional para un asunto que, según su versión, debería resolverse en la esfera civil y no en el ámbito penal.
La acción ha sido calificada como arbitraria e ilegal por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que exigió la liberación inmediata de Castilla Galindo y llamó al respeto pleno de las garantías legales y la libertad de prensa. El episodio se inscribe en un contexto de denuncias reiteradas por parte de Grupo Vanguardia sobre acoso judicial sistemático contra su director y la empresa editorial en los últimos años, lo que ha sido interpretado por el medio como una respuesta a su línea informativa crítica.
El caso pone en evidencia las tensiones entre el ejercicio periodístico independiente y los mecanismos de procuración de justicia en entidades del norte del país, en un entorno nacional marcado por altos índices de violencia e impunidad en delitos de alto impacto.[10 de enero de 2026]
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